La apariencia de legalidad en la tramitación de las Evaluaciones de Impacto Ambiental y las correspondientes inspecciones ambientales de comprobación y verificación: el caso del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid). Recientemente se ha publicado en algunos medios de comunicación la situación de graves irregularidade detectadas en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, que han llevado a la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente, que pide diversas imputaciones.
Lo más sorprendente es que esta instalación, un Hospital público de gestión privada, que en su momento se publicitó como la “Joya de la Corona” de la sanidad madrileña, pasó por los preceptivos procedimientos que establece la legislación vigente, esto es la evaluación de impacto ambiental, que teóricamente debe adelantarse a cualquier efecto sobre el medio ambiente y corregirlo preventivamente, para que no llegue a producirse afección a la salud de las personas ni al medio ambiente, dicho trámite finalizó con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental y fue objeto de diversas inspecciones, a lo largo de los años.
Sobre el papel todo parecía estar en orden, pero la realidad es otra bien distinta, tal como ha concluido la Fiscalía, existen indicios de presuntos delitos contra el urbanismo y el medio ambiente. ¿Qué ha ocurrido durante todos estos años, desde la inauguración del hospital, hasta la petición de imputación elevada por el Fiscal?, que se ha mantenido una falsa apariencia de legalidad. Para que esto se mantenga en el tiempo es imprescindible la complicidad y el trato de favor, por parte de los organismos de la Administración encargados de esta labor de vigilancia, en este caso tanto el Ayuntamiento de Majadahonda, como la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
La cuestión se complica cuando interviene un funcionario que, ajeno a esta actitud de trato de favor, realiza su trabajo con el debido rigor profesional, (casualmente este funcionario es ambientólogo) y en el colmo del despropósito, cargan contra él, con hostigamiento y amenazas. La intervención de la justicia tendrá que aclarar finalmente las responsabilidades en que hayan podido incurrir los diversos investigados.
De modo general, esta apariencia de legalidad es más amplia y no se ciñe a este caso. En el sector privado, cuando se encarga un estudio de impacto ambiental, lamentablemente no siempre se respecta la independencia y objetividad de los técnicos que deben redactarlo, es una práctica que ocurre en ciertas ocasiones, el promotor le indica al redactor del estudio lo que quiere que finalmente dicte dicha evaluación, con la amenaza de despido si no se satisface, lo que es una tergiversación del fin que persigue, evidentemente es difícil de probar y cada caso es único, pero ocurre.
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