El nuevo Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas, aprobado el pasado día 19, producirá cambios irreversibles en un recurso que para nuestro país debería tratarse con la mayor de las cautelas. España tiene aproximadamente 7880 kilómetros de costa y esta es uno de los pilares del sector turístico que representa cerca del 10% del PIB.
Según la organización ecologista Greenpeace actualmente se ha perdido casi el 60% de la superficie de humedales costeros, el 70% de las lagunas costeras y sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado. Sin embargo la nueva ley prioriza los intereses particulares sobre el interés general, agravando la presión urbanística, como también nos recuerda WWF España.
Una de las justificaciones para la reforma de la actual ley se basa en el informe Auken, sin embargo la misma Eurodiputada Auken se muestra “furiosa” por este hecho pues aunque dicho informe decía que “había que dar más seguridad jurídica a los propietarios individuales para que siguieran en sus casas si no tenían otro lugar donde ir. Es lógico que ellos y sus hijos tengan derecho a estar ahí treinta años más por ejemplo», está claro que «Esta ley abre las puertas a un nuevo boom inmobiliario en la costa». Incluso la coordinadora de Los Verdes en el Parlamento Europeo advierte que la reforma podría acarrear la apertura de un procedimiento de infracción contra España en la Unión Europea por incumplimiento de hasta cuatro directivas.
Algunos de los cambios más destacados que se producen son los siguientes:
- Puertos deportivos: Nueva concesión de 35 años.
- Industrias en el litoral: El gobierno central recupera la facultad (en detrimento de las comunidades autónomas) de conceder prórrogas. Además deberán superar un informe ambiental.
- Servidumbre de tránsito: El gobierno ha de emitir un informe favorable con anterioridad a la concesión de una autorización urbanística.
- Playas naturales y urbanas: Diferenciación entre tramos de playas contiguas a suelos urbanizados y tramos naturales.
- DPMT: La zona de dominio público marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan. La zona de servidumbre para proteger se reduce de 100 metros a 20 metros de ancho en los núcleos de población. Los terrenos inundados de forma artificial no pasarán a ser de dominio público, salvo que antes de la inundación ya lo fueran.
- Concesiones: Se aumenta el plazo de las concesiones hasta 75 años, pudiéndose beneficiarse tanto viviendas como los establecimientos de playa desmontables.
- Clausula Anti-Algarrobicos: El Estado podrá suspender vía administrativa los actos y acuerdos de entidades locales que vulneren la ley.
Aunque las consecuencias reales de la reforma no las veremos hasta que se ponga en funcionamiento la ley, pues como decía la Eurodiputada Auken: “la ley del 88 era buena, pero que su aplicación era un desastre” si podemos hacernos una idea de algunas de las consecuencias inmediatas. Y estas no auguran un buen futuro para el litoral Español y nos hacen pensar en nuevas burbujas inmobiliarias basadas en la especulación sobre un recurso que pertenece a todos.
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